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Beneficios Estatales
Decálogo
para mejorar la protección a las familias numerosas Sin tomar como referencia los Estados más ricos -Luxemburgo (16,6 %) ó Dinamarca (13,1 %), las diferencias con los países de nuestro entorno son abismales: en España una familia necesitaría tener 11 hijos e ingresos inferiores a 9.000 € para poder recibir las mismas ayudas que recibe una familia en Alemania con 2 hijos y sin tener en cuenta su nivel de renta. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es conocedor de esta triste realidad, según puso de manifiesto en su intervención en el IV Congreso Nacional de Familias Numerosas, celebrado en Santiago de Compostela el pasado mes de febrero. En entonces candidato a la Presidencia reconoció que España es "el país que menos prestaciones ofrece por cada hijo o hija que tenemos a cargo, siete veces menos que la media europea", y que "Dinamarca multiplica por 9 su oferta pública de plazas en educación infantil, Suecia lo hace por 8 y Francia por 5; la tasa de escolarización en educación infantil en España no llega al 10 por ciento de los niños y así podríamos seguir sucesivamente". Los datos resultan muy preocupantes porque evidencian una enorme brecha entre los países de la UE, pero, sobre todo, sitúan a España, a las familias españolas, en una clara desventaja frente al resto de familias europeas. El menor apoyo a las familias se traduce directamente en un descenso de la natalidad y en menores oportunidades formativas para los jóvenes y, por tanto, menores posibilidades para competir en el mercado laboral. A medio-largo plazo, las consecuencias se resumen en un progresivo proceso de envejecimiento de población, en el que España está ya inmersa, y en una pérdida de competitividad en todos los sectores. Por esta razón, es necesario que España multiplique su inversión en familia, hasta equipararla a la media europea, para que las familias españolas dejen de estar desprotegidas frente a las europeas. Rodríguez Zapatero hizo suya esta demanda, en el citado
Congreso, donde aseguró que "si obtenemos la confianza
de la mayoría de las familias, mi Gobierno incrementará
los recursos para protección a las familias hasta llegar
a la media europea en los próximos ocho años. (…)
Nuestro objetivo es multiplicar por tres la inversión destinada
a protección familiar". Esta circunstancia hace que las familias españolas tengan una protección muy diferente, determinada por el lugar en el que residen, independientemente de su nivel de renta y de que tengan más o menos hijos. Por ejemplo, en Cantabria, el Gobierno regional da 100 euros mensuales a todas las madres con hijos menores de 3 años, al margen de que trabajen fuera de casa o no (compatible con la "paga" de 100 euros para madres trabajadoras que da el Estado) y lo amplía hasta los 6 años en el caso de familias numerosas aunque condicionado a un determinado nivel de renta. La Generalitat de Cataluña tiene establecida una prestación universal de 550 euros por hijo menor de 3 años y de 625 y hasta los 6 años, si se trata de familias numerosas. Castilla-La Mancha dispone de una ayuda directa de 30 euros al mes por hijo menor de 18 años, condicionada a un nivel de renta, aunque elevado. Comunidades como Madrid, Asturias o Andalucía no disponen de ninguna prestación de estas características. Para poner fin a estos agravios, la Federación reclama la firma de un Pacto de Estado por la Familia, que garantice unos mínimos generosos de protección a la familia, iguales para todo el territorio nacional. La FEFN entiende que puede haber incentivos específicos en las Comunidades, para que, de acuerdo con sus características, se cubran las necesidades sociales y económicas de la población de esa región. Sin embargo, es necesario establecer una base común de protección a todas las familias españolas, con garantías de estabilidad por encima de cualquier límite político o territorial. Este Pacto de Estado debe ser consensuado por todas las fuerzas políticas y sociales -y por supuesto las organizaciones familiares-, como instrumento que, respetando la pluralidad de las distintas administraciones, garantice esa unidad en las prestaciones sociales a las familias españolas. La familia, célula básica de la sociedad, debe considerarse un elemento de Estado, como la Justicia o el terrorismo, y, debe tener un apoyo incondicional, estable y homogéneo. Una familia catalana debe recibir el mismo apoyo y protección que una familia andaluza, al igual que un jubilado catalán recibe la misma pensión que uno que vive en Andalucía. La necesidad de este Pacto de Estado ha sido también puesta
de manifiesto por UGT (Anexo 3), sindicato que lo considera un elemento
de cohesión, necesario para evitar que se acentúe
el desequilibrio territorial. Entre ellos está el derecho de todas las familias numerosas a una bonificación del 45% en las cuotas a la Seguridad Social al contratar una cuidadora o empleada de hogar. Ninguna familia numerosa ha podido disfrutar de este derecho recogido en la Ley, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social no ha recibido instrucciones al respecto. La FEFN y las Asociaciones que tiene en las distintas Comunidades Autónomas reciben a diario quejas de familias en relación con el incumplimiento de este derecho, que fue considerado una novedad importante en el nuevo marco normativo, pero que de momento es "papel mojado". En los 11 meses transcurridos desde la aprobación de la nueva Ley, tampoco se ha avanzado en el desarrollo de otros beneficios establecidos en ella en materia de Bienes Culturales, Transporte, Vivienda y Empleo. La FEFN pide que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se determinen partidas concretas para empezar a desarrollar las medidas recogidas en la Ley y planteará esta cuestión a todos los grupos políticos, con objeto de que puedan apoyar esta demanda en el trámite parlamentario. También pide su participación directa en la elaboración
del desarrollo reglamentario de la Ley, como única entidad
española que representa a las familias numerosas y que mejor
conoce la realidad del colectivo. La FEFN fue además la impulsora
del nuevo texto legal, cuya tramitación se llevó a
cabo a partir de la creación en el Senado -a petición
suya- de una Ponencia Específica sobre familias numerosas. Este sistema perjudica a las familias en las que sólo trabaja uno de los cónyuges, ya que a la hora de calcular la base de retenciones de este trabajador, no se le tienen en cuenta la totalidad de sus hijos a cargo, sino sólo la mitad. La otra mitad de los hijos, que se computaría al otro cónyuge en caso de que trabajase, no es tenida en cuenta por Hacienda en el cálculo de la retención mensual. Este hecho hace que en las familias en las que sólo está empleado el padre o la madre la retención sea mayor, ya que en ella influyen de forma determinante los mínimos vitales de los descendientes a cargo, de manera que cuantos más mínimos vitales haya para deducir, menor será la base de retenciones. Aunque esta mayor retención se equilibra después con las devoluciones que hace Hacienda, las familias sufren una importante disminución de sus ingresos mes a mes. Esta situación resulta más injusta cuanto mayor es el número de hijos, dándose la circunstancia de que son las familias numerosas las que con más frecuencia tienen un único perceptor de rentas de trabajo, ya que no es extraño que uno de los dos cónyuges tenga que quedarse en casa para atender las necesidades familiares. La FEFN pide que se modifique el sistema de cálculo de retenciones a cuenta del IRPF, para que las familias con hijos dejen de financiar al Estado adelantándole dinero. Además, la FEFN demanda que no se cambie el sistema de deducciones por hijo en el Impuesto sobre la Renta, que, según los planes del Gobierno, dejarían de aplicarse en la base imponible para hacerlo en la cuota. La fórmula actual permite establecer de una manera más justa la capacidad contributiva de cada ciudadano, es decir el dinero por el que debe tributar, que no son todos sus ingresos, sino lo que le queda de restar a su renta lo que el propio Estado considera necesario para cubrir sus necesidades básicas, personales y familiares. Rodríguez Zapatero reconoció en el IV Congreso Nacional
de Familias Numerosas que "las políticas de apoyo a
las familias numerosas han de ser más equitativas, más
justas y también más generosas", con "mayor
equidad y progresividad a la hora de establecer las políticas
fiscales de apoyo a estas familias". Según un estudio realizado por Eustat, y referido al ámbito de la Comunidad Autónoma vasca, el trabajo no remunerado que a diario se realiza en el anonimato del hogar supone el 40% del Producto Interior Bruto (PIB). Las mujeres que se dedican al cuidado de los hijos ahorran mucho dinero a las arcas del Estado, ya que su presencia en casa suple la utilización de guarderías y de residencias. A cambio de ello, no reciben ninguna compensación. En países como Francia, la mujer que decide dedicarse al cuidado de sus hijos está protegida por el Estado, ya que por cada uno de sus hijos se le computan tres años de cotización a la Seguridad Social a efectos de pensiones. En otros países, como el Reino Unido, la Administración "compensa" económicamente a las mujeres que están en casa porque entiende que están cumpliendo una función social que de otra forma tendría que cumplir el Estado (guarderías, residencias, etc.). Hay muchas mujeres que han optado por ser amas de casa porque han preferido esta opción, pero también hay muchas que no trabajan fuera del hogar porque tienen pocas oportunidades laborales y necesitan tiempo y dinero para poder formarse. La discriminación de las amas de casa afecta especialmente a las madres de familia numerosa, ya que es frecuente que estas mujeres tengan que renunciar a desarrollar un trabajo profesional para poder atender las obligaciones familiares, que son mayores que en otras familias. Paradójicamente, muchas de estas familias son las que más necesitan de un apoyo económico para poder llegar a fin de mes, teniendo en cuenta que disponen de un único sueldo. La FEFN pide que esta ayuda a las mujeres con hijos menores de
3 años se extienda a todas las madres, independientemente
de su situación laboral. Ejemplos de ello son los límites de renta establecidos para obtener la prestación económica por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos, que están fijados en 11.044,39 € brutos anuales (1.837.631 pesetas) para una familia de tres hijos, o los establecidos para poder acceder a la prestación por hijo a cargo, que es de 9.770 € (1.625.591 pesetas) para una familia con dos hijos o de 11.044 € (1.837.631 pesetas), en caso de que se tengan tres descendientes. Si bien es cierto que
en el año 2004 estos límites se han incrementado para
las familias que tengan la condición de Numerosas, este incremento
sigue estando muy por debajo de la realidad económica de
las familias españolas. Para poder percibir la prestación
por hijo a cargo menor de 18 años, los ingresos anuales brutos
de una familia numerosa con 3 hijos no pueden ser superiores a 14.200
€ (2.362.681 pesetas). La FEFN considera que para poder ajustar los límites de
renta a la realidad económica de las familias sería
necesario en todo caso utilizar el criterio de renta per cápita,
es decir aquella que resulta de dividir los ingresos totales de
la unidad familiar por el número de miembros que la componen.
Esta fórmula es la que permite establecer de una manera más
justa y real la capacidad económica de una familia. Este límite de edad, que la nueva Ley mantuvo tal y como recogía la antigua Ley de Familias Numerosas de 1971, no se corresponde con la realidad que se vive actualmente en los hogares españoles, ya que en las últimas décadas se ha ido retrasando notablemente la edad de emancipación de los hijos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 70 % de los jóvenes de 25 años vive con sus padres. Al margen de esta realidad social, cuando uno de los hijos cumple 25 años, la familia numerosa pierde la consideración legal de tal, debido a que ese hijo ya no cuenta como miembro de la unidad familiar; deja de ser considerado a cargo a estos efectos, a pesar de que siga dependiendo económicamente de sus padres y viviendo en el mismo hogar. La FEFN pide que estas familias numerosas "de hecho" lo sean también de derecho, para que no se vean perjudicados los hijos menores, quienes no pueden disfrutar de algunos beneficios que sí tuvieron sus hermanos mayores, (preferencia en el acceso a becas y apoyos económicos para estudios). En la Ley de Familias Numerosas se han ampliado los supuestos considerados
Familia Numerosa -está pendiente incluir a las parejas de
hecho- con objeto de dar protección a todas las realidades
sociales; con este mismo argumento, la FEFN cree necesario que los
beneficios de esta Ley se extiendan también al medio millón
de familias numerosas que lo son de hecho, pero no derecho. Al año de aprobación de la Ley no se ha avanzado sobre la creación de este órgano, cuyo trabajo resulta imprescindible para el diseño y posterior desarrollo de las políticas familiares, ya que éstas deben partir de un conocimiento exhaustivo de la realidad de las familias españolas. La FEFN pide que se acelere la creación de este Observatorio
con la participación directa de esta entidad, como única
representante que hay en España del colectivo de familias
numerosas. Pide también que el primer trabajo de este organismo
sea un informe anual sobre la situación de la familia en
España, que permita ver de forma objetiva cuáles son
sus necesidades actuales. Esta iniciativa, pionera en todo el mundo, se desarrolla bajo el lema "Ser más, te costará menos" y está permitiendo a las familias con tres ó más hijos ahorrar una media de 1.500 euros al año en un conjunto de productos y servicios de todos los sectores, además de poder acceder a planes de formación y empleo diseñados específicamente para ellas. En el Plan participan, entre otras empresas, BBVA, Iberdrola, Fiat, Telefónica, Uni 2, Air Europa o Legalitas, compañías que han decidido apoyar a estas familias, ofreciéndoles sus productos con condiciones especiales (Anexo 4), además de la Xunta de Galicia y el Gobierno de Baleares. El Plan ha sido elogiado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en el Congreso de Familias Numerosas celebrado en febrero, felicitó a la Federación y prometió su apoyo al mismo, reconociendo que con ese Plan "se evidencia la enorme importancia de la iniciativa social en apoyo a las familias" y que esta iniciativa "debe contar con el respaldo gubernamental para lograr que, como se dice en el propio plan, ser más cueste menos; feliz idea, feliz frase". La FEFN pide que este claro compromiso de Zapatero se materialice en un apoyo concreto de la Administración, exactamente en labores de difusión que permitan que esta iniciativa social pionera llegue a todas las familias numerosas que hay en España. Para ello, reclama que la Administración facilite información
sobre el Plan +Familia en aquellas dependencias públicas,
físicas o virtuales (web), relacionadas con la familia -Dirección
General de la Infancia y la Familia- e incluya referencias al mismo
en las publicaciones vinculadas también a prestaciones familiares,
como la Guía de Ayudas Sociales para las Familias. La condición de la renta máxima hace que esta prestación llegue a poquísimas familias. En concreto, según un informe elaborado por el sindicato UGT, sólo la perciben 1 de cada 9 menores de 18 años. Además, su cuantía, fijada en 24 € al mes, resulta muy escasa para contribuir a cubrir las necesidades básicas de una persona, y es ridícula si se compara con lo que el Estado da a las familias por cada hijo en otros países, donde la media se sitúa en torno a los 100 euros. (Anexo 5) Si en el conjunto de la política familiar, España está a la cola de la UE, al dedicarle a la Familia un porcentaje de su PIB tres veces inferior al de la media comunitaria, en materia de prestaciones económicas por hijo, la diferencia deja a nuestro país en una posición lamentable: según los últimos datos de Eurostat (Anexo 6), España destina a este capítulo 7 veces menos que la media europea (0,2 % de su PIB frente al 1,4 de la media de la UE). La FEFN pide una prestación universal por hijo a cargo de unos 100 € por hijo y mes, como existe en gran parte de los países de nuestro entorno. Esta prestación por hijo es la mejor fórmula para apoyar a las familias, ya que su carácter universal, supone tratar a todos los hijos por igual. Las ayudas limitadas a la renta tienen un carácter más asistencial que familiar, mientras que las fiscales resultan injustas porque, entre otras cosas, excluyen a todas aquellas familias que, por sus bajos ingresos, no están obligadas a presentar Declaración de la Renta. El establecimiento de esta prestación fue un compromiso claro de José Luis Rodríguez Zapatero, quien, en la última campaña electoral, aseguró que "el Gobierno que yo presida si así lo quieren los españoles implantará ayudas directas y universales por hijo a cargo destinadas a todas las familias independientes del nivel de renta".
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